La hija del expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, enfrenta acusaciones de corrupción y uso indebido de fondos reservados de inteligencia.

Mediante un comunicado expuesto la víspera, el Tribunal Supremo explicó que la Cámara Baja del Congreso violó la norma constitucional del país cuando dio el visto bueno al proceso de destitución de la vicemandataria.

La decisión se adoptó por unanimidad y, además, el máximo organismo judicial decretó que no se podrán presentar nuevos procesos de destitución hasta el 6 de febrero de 2026.

Gracias al fallo, Duterte aun tiene futuro político pues se arriesgaba a ser inhabilitada en la función pública de por vida, lo cual le hubiera impedido presentarse como candidata a la presidencia del país en 2028.

En junio de 2024, Duterte era titular del Departamento de Educación y se vio forzada a dimitir en medio de acusaciones de uso de forma indebida de 254 millones de pesos, equivalentes a unos 4,3 millones de dólares, procedentes de los fondos confidenciales de esa entidad estatal.

Casi medio año después, en diciembre, su afirmación de haber dado órdenes de matar al presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., si ella misma era asesinada, desató gran polémica y fue tomada como una amenaza por el máximo gobernante filipino, hijo de otro jefe de Estado del mismo nombre.

Ambos son vistos como representantes de dos dinastías políticas en pugna.

Duterte ha sido bastante crítica con la detención y traslado a La Haya (Países Bajos) de su padre, acusado de crímenes contra la humanidad en la Corte Penal Internacional.

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