Según el comunicado difundido por la organización política, la deuda de la compañía con el Servicio de Rentas Internas (SRI) pasó de 98 millones a 21 millones de dólares «en apenas dos días», sin que se haya informado públicamente si se trató de un pago efectivo o de una condonación.

La asambleísta de la RC Bertha Vélez solicitó oficialmente información al SRI para esclarecer si la disminución responde a una transacción legítima o si hubo algún beneficio irregular otorgado desde el Ejecutivo.

«Si fue un pago legítimo, bienvenido sea», pero si se tratara de un privilegio concedido desde el poder, el país «merece saber la verdad», señaló la RC.

El cuestionamiento surge en un contexto de ajustes fiscales impulsados por el Gobierno, que recientemente anunció la desvinculación de cinco mil trabajadores del sector público y una reducción del número de ministerios, como parte de su política de «eficiencia estatal».

A su vez, la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por el oficialismo, aprobó recientemente la Ley Orgánica de Integridad Pública, que condona a empresas intereses, multas y recargos de tributos.

La RC, organización política de oposición fundada por el expresidente Rafael Correa, consideró «grave» que una reducción tan significativa en la deuda de una empresa ligada al entorno presidencial ocurra mientras se ejecutan recortes que afectan a miles de familias.

Durante el debate presidencial previo a las elecciones, la entonces candidata por la RC, Luisa González, le preguntó al ahora mandatario reelecto si le iba a cobrar a su familia los millones que adeudaban al SRI, ante lo cual el Jefe de Estado respondió con un rotundo «no».

«No, el SRI tiene que seguir todos sus procedimientos para todas las personas», contestó el actual gobernante.

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