Un comunicado del Ministerio de Justicia respondió así a la resolución de la presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que hace dos días dispuso suspender de inmediato la ley aprobada por el Parlamento y pendiente de ser puesta en vigencia por el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

La resolución rechazada indica al Estado peruano que suspenda el trámite de la ley que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y grupos civiles de autodefensa que participaron en el conflicto interno oficialmente llamado lucha contra el terrorismo, entre 1980 y 2000.

Dictamina que, si el gobierno no atienda el requerimiento, las autoridades competentes (es decir, los jueces) se abstengan de aplicar la ley, lo que ocurrió intentos similares de amnistía.

Los tribunales aplicaron en esos casos el llamado control de convencionalidad, al aplicar las leyes y decisiones de la justicia supranacional que, según la Constitución, tienen vigencia interna.

El perdón aprobado beneficia sobre todo a los militares autores y responsables de las matanzas de civiles inerme de Barrios Altos y la Cantuta, bajo el gobierno de Alberto Fujimori (1980-1990) y por las que este fue encarcelado y amnistiado antes de cumplir su condena.

La declaración del Estado peruano rechaza sin embargo «las reiteradas disposiciones de la Corte que contravienen el derecho internacional, pues no se desprenden de la Convención Americana sobre Derechos Humanos».

Argumenta que «la Corte no puede sustituir a las autoridades nacionales (o imponerle acciones) sobre una materia que no ha sido conocida en sede interna, afectando no solo la soberanía del Perú sino debilitando el propio Sistema.»

Sin embargo, acepta participar en la audiencia convocada por la corte para el próximo 21 de agosto, a través de sus representantes.

La citada corte es acusada por juristas y otros críticos, de hostilizar a gobiernos ajenos o contrarios a la política de Estados Unidos, lo que no ocurre en el caso de la administración peruana.

Las organizaciones de derechos humanos calculan que la cuestionada amnistía recientemente aprobada beneficiara aproximadamente a 900 militares y policías mayores 70 años y sometidos a prolongados juicios o condenados.

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