La entidad informó a través de su cuenta en la red social X que los operativos se realizaron en domicilios y oficinas vinculadas a los sospechosos en las provincias de Pichincha, Guayas y Bolívar.
El pasado 23 de julio, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, anunció que la Fiscalía había abierto una investigación previa relacionada con los procesos de contratación de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) realizados durante la emergencia eléctrica de 2024.
El exviceministro de Electricidad y exgerente de Celec, Fabián Calero, es uno de los funcionarios en el ojo del huracán.
Previamente, el contralor general, Mauricio Torres, dio a conocer que de acuerdo con los exámenes especiales realizados a los contratos suscritos entre Celec y las empresas Progen y Austral Technical Management las pérdidas para el Estado podrían ser de más de 100 millones de dólares.
Torres declaró que por este caso deberían responder funcionarios de nivel jerárquico superior y no solo mandos medios.
En medio de las acusaciones sobre la responsabilidad estatal en contratos fallidos, -pues hasta el momento no existe un aumento de la generación como resultado de los convenios con las mencionadas compañías-, el presidente, Daniel Noboa, defendió las investigaciones.
En entrevista este lunes con la emisora Radio Sucre, el mandatario afirmó que el Gobierno le pidió a la Contraloría los exámenes especiales y a la Fiscalía que investigue.
«Si es una persona allegada a mí, que decidió poner en riesgo mi nombre, (…) que se vaya preso», aseveró el gobernante.
La semana pasada, legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana (oposición) solicitaron un cambio en el orden del día de la sesión plenaria del Parlamento, para tratar la necesidad de averiguar lo ocurrido con los contratos eléctricos fallidos.
Sin embargo, el bloque oficialista lo impidió y “dio la espalda a la fiscalización de uno de los peores atracos al Ecuador”.
Progen recibió más de 80 millones de dólares en anticipos por obras para aumentar la generación eléctrica que debían estar operativas a inicios de 2025, pero hasta la fecha no han sido entregadas.
En tanto, la Contraloría comprobó, por ejemplo, que los equipos adquiridos a Austral no eran nuevos, sino que eran del año 2016 y ya fueron usados.
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