La demanda presentada por la estudiante de 23 años Eléonore Pattery el 10 de julio, apenas dos días después de aprobada la norma en la Asamblea Nacional, impone a diario un récord de aceptación para un reclamo de este tipo realizado en el sitio web de la cámara baja.

Pattery aseguró no estar afiliada a sector político alguno y argumentó que la ley Duplomb es “una aberración científica, ética, ambiental y sanitaria” y constituye un ataque frontal contra la salud pública, la biodiversidad, la coherencia en la lucha frente al cambio climático, la seguridad alimentaria y el buen sentido.

Desde mediados de mes la petición dejó de ser una más, al franquear de manera inesperada el umbral de las 500 mil firmas, el cual garantiza la atención de la Asamblea Nacional y la posibilidad de realizar un debate parlamentario, aunque sin la opción de frenar la norma.

El reclamo se ha convertido en la punta de lanza de los detractores de la ley que permite volver a usar la acetamiprida para proteger cultivos como el de remolacha, un pesticida letal para los polinizadores, en particular las abejas.

Los defensores de la ley Duplomb esgrimen la necesidad de eliminar un elemento que facilita la competencia desleal agrícola, ya que la acetamiprida fue prohibida en Francia en 2028, pero no en la Unión Europea.

De momento, la expectación se centra en el dictamen del Consejo Constitucional, que debe pronunciarse en la primera semana de agosto sobre la ley, la cual sus promotores esperan sea promulgada por el presidente Emmanuel Macron en septiembre.

Sin embargo, la nueva vida dada por la petición a los que repudian la norma, que según encuestas, son la mayoría de los franceses, abre la posibilidad de que Macron facilite las discusiones e incluso se pronuncie en su condición de jefe de Estado.

Mientras unos añoran que el mandatario no promulgue la polémica iniciativa, la ministra de Agricultura de Francia, Annie Genevard, aseveró que sí lo hará.

Desde la izquierda, liderada por los ecologistas, acusan al oficialismo de ceder ante las presiones de la influyente Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas.

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