La concentración principal tuvo lugar este lunes en Quito, frente al edificio de la cartera que desaparecerá como parte de un plan de eficiencia administrativa impulsado por el Ejecutivo, el cual incluye la disminución de ministerios y secretarías y el despido de funcionarios públicos.
Los manifestantes denunciaron lo que califican como un “desmantelamiento institucional” de los mecanismos de protección de derechos en el país.
Durante la protesta expusieron imágenes de mujeres víctimas de femicidio, carteles, tambores y consignas como “esto no es eficiencia, esto es violencia”, en alusión al argumento oficial de reorganizar el aparato estatal.
Diversos sectores sociales, incluidas las mujeres, advierten que la fusión de carteras del Estado representa una regresión en políticas de género, infancia, pueblos indígenas y medioambiente.
“Eliminar el Ministerio de la Mujer es desconocer los compromisos constitucionales e internacionales del Estado ecuatoriano. No puede borrarse una institucionalidad construida con décadas de lucha social”, expresó Geraldina Guerra, de la Alianza para el Mapeo de los Feminicidios.
Según datos de la Fundación Aldea, al menos 82 femicidios se registraron en Ecuador entre enero y el 15 de marzo de 2025, 12 de los cuales corresponden a niñas o adolescentes.
Ante esa realidad, los grupos feministas argumentan que la eliminación del Ministerio envía un mensaje de desprotección institucional.
Más temprano, hubo un plantón frente a la Corte Constitucional, donde representantes de las organizaciones exigieron que esa entidad se pronuncie ante las demandas contra la fusión y otras leyes impulsadas por el Ejecutivo.
Las protestas se replicaron en otras ciudades y continuarán en los próximos días.
La dirigente Cristina Chaguay informó que se convocarán nuevas movilizaciones, en las que se sumarán también sectores laborales, estudiantiles y de la salud.
“El movimiento de mujeres ha conquistado sus derechos en las calles, no vamos a permitir retrocesos”, sostuvo Chaguay, quien relaciona la reestructuración con exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).
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