El documento, entregado al presidente de la Asamblea Nacional y al titular del Consejo Nacional de Provincias, abarca acciones realizadas hasta el último trimestre del año fiscal 2024/25.
De 60 medidas establecidas en octubre de 2022, el 48 por ciento fueron ejecutadas total o sustancialmente, el 23 por ciento se encuentran en camino y el 29 por ciento presentan demoras bajo atención.
Entre los logros destacados está el despliegue de la Fuerza de Tarea Integrada, encabezada por la Fiscalía Nacional (NPA), que gestiona 218 investigaciones criminales vinculadas al saqueo estatal.
A marzo de 2025, según el texto, un 21 por ciento de estos casos habían concluido o estaban fijados para juicio, en tanto que más de la mitad permanecen en etapa activa.
Procedimientos emblemáticos para 2025-2026 incluyen casos relacionados con el retiro de asbesto en Free State, SA Express, Bosasa y contratos de Transnet; ya se dictaron sentencias condenatorias en cuatro procesos.
En materia de recuperación de activos, el Gobierno reportó el resarcimiento de casi 11 mil millones de rands (unos 615 mil millones de dólares) en fondos públicos.
El informe resalta reformas normativas y estructurales para evitar futuras capturas estatales, como la creación del Directorado de Investigaciones contra la Corrupción (IDAC), que opera permanentemente desde agosto de 2024 con mayores facultades policiales; y la modernización de las leyes anti lavado de dinero.
Asimismo, la unificación del régimen de adquisiciones públicas; y la reestructuración de los servicios de inteligencia, restaurando la división entre inteligencia exterior e interior.
La profesionalización del servicio público avanza mediante auditorías de estilo de vida para altos funcionarios y el fortalecimiento de marcos legales para sancionar la corrupción corporativa.
Entre las prioridades para 2025-2026, concluye el reporte, figura acelerar procesos judiciales, finalizar proyectos claves de legislación anticorrupción y reformar empresas estatales.
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