La congresista, quien se encontraba fuera del país desde el inicio de las investigaciones contra aliados de Bolsonaro, fue localizada por las autoridades italianas tras una solicitud de cooperación internacional.
Su detención fue cumplida por la policía italiana, pero la PF será responsable del proceso de extradición, el cual se espera que se realice en las próximas 48 horas.
Zambelli fue trasladada a una comisaría local, donde permanece detenida a la espera de su proceso de entrega.
En la red social X, el parlamentario italiano Angelo Bonelli afirmó haber proporcionado a la policía del país la dirección donde se alojaba la política brasileña.
La defensa de Zambelli lo niega. El arresto ocurre en medio de una ofensiva de la justicia nacional contra congresistas y exmiembros del círculo de apoyo a Bolsonaro, quienes están siendo investigados por intentar socavar el Estado Democrático de Derecho.
En el caso de Zambelli, los cargos están relacionados con el presunto uso de empresas tecnológicas para atacar las instituciones democráticas, así como con la violación del secreto de las telecomunicaciones autorizado por el Supremo Tribunal Federal.
La legisladora ya había sido objeto de medidas cautelares previas, incluyendo allanamiento y decomiso, así como bloqueo de sus cuentas en redes sociales. Desde entonces, permanecía fuera del país.
Por unanimidad, la primera sala condenó en junio a la confesa partidaria de Bolsonaro a 10 años de prisión, inicialmente en régimen cerrado, pérdida del mandato parlamentario (que será declarado por la Cámara de Diputados tras la sentencia definitiva) e inhabilitación.
La acusación precisa que Zambelli contrató los servicios de un pirata informático y le prometió trabajo.
El Ministerio Público Federal cita un informe de la PF que confirmó que el hacker «trabajaba para la imputada (Zambelli), y cabe destacar que tenía acceso a información a sitios web y servidores asociados a la parlamentaria».
La querella alega que el pago fue oculto, es decir, escondido, en un intento de encubrir la relación, y realizado a través de un tercero: un empleado de la oficina de Zambelli, el cual no fue acusado en el caso.
También la diputada y el intruso digital deberán pagar una indemnización de dos millones de reales (unos 345 mil dólares) por daños morales y colectivos.
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