A través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Ufeco), el MP detuvo al congresista de la principal agrupación opositora y a otras tres personas, por coludirse para defraudar al Estado por más de tres mil millones de lempiras (unos 115 millones de dólares).

La Fiscalía presentó este martes un requerimiento contra varios exfuncionarios públicos, jueces, abogados y el actual diputado nacionalista, por suponerlos responsables de una trama corrupta para sustraer esa millonaria suma, mediante demandas ilegales contra el Estado hondureño.

En un comunicado oficial, la Ufeco identificó a los imputados como responsables de orquestar el fraude durante más de dos décadas, utilizando como base un contrato otorgado tras el huracán Mitch (1998) a la empresa DRC Inc., que no estaba habilitada para operar en la nación centroamericana.

Según las investigaciones, esta estructura operó durante más de 20 años usando como base un contrato irregular y un fallo arbitral sin valor legal, lo que permitió que se promovieran demandas fraudulentas contra el Estado.

Los acusados recibieron parte de los fondos producto de las demandas ilegales en cuentas personales, pagos de hipotecas y transferencias a familiares de altos funcionarios, en un esquema de corrupción estructurada para simular legalidad y despojar al Estado, de acuerdo con las pesquisas.

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