El Tribunal General de la Unión Europea (UE) había condenado en mayo a la CE por opacidad en contratos por 30 mil millones de euros para vacunas anticovid, tras revelarse que Von der Leyen coordinó términos mediante mensajes de texto con Albert Bourla.

La documentación fue posteriormente eliminada.

Analistas destacan que, aunque el fallo no implica sanciones penales, sienta precedente para futuras demandas.

Tales acciones evidencian graves fallas de supervisión en emergencias sanitarias, señaló el experto belga en derecho comunitario Pierre Dardenne.

El caso generó un histórico voto de censura en el Parlamento Europeo el 10 de julio, rechazado por 360 de 553 legisladores.

Mientras, la eurodiputada socialista española Iratxe García Pérez calificó el episodio de fracaso institucional.

Los contratos cuestionados eximían a Pfizer de responsabilidad por efectos secundarios de las vacunas.

Por su parte, la oposición europea denuncia que se privilegió a grandes farmacéuticas, mientras países periféricos recibieron dosis tardíamente.

Fuentes del tribunal confirmaron que el plazo para apelar venció este mes sin acción de la CE.

La sentencia mantiene su vigencia, obligando a Bruselas a garantizar acceso público a futuros acuerdos sanitarios.

La CE insiste en que la eliminación de mensajes fue accidental.

Sin embargo, juristas subrayan que el fallo judicial refuta esta versión, al considerar probada la violación de protocolos de transparencia.

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