En un comunicado de prensa la PGR destacó su autoridad del Estado para velar por los intereses y los bienes que pertenecen al Gobierno y al pueblo de Nicaragua.
Al respecto, señaló que, cumpliendo con el mandato de la Constitución Política, convoca periódicamente a personas o instituciones sobre los cuales se conoce el incumplimiento de sus obligaciones en relación con bienes, propiedades y cualquier otra situación que lesione los patrimonios del Estado.
“La PGR conoció de transacciones y negociaciones realizadas por las oficinas de Ballardo Arce, quien no cumplía ni cumple con lo establecido en nuestro marco legal”, precisó.
Añadió que su asistente, Ricardo Bonilla, quien operaba tales transacciones y negociaciones, fue convocado por la procuraduría para rendir cuentas sobre lo conocido.
“Bonilla se negó a acatar la orden de la máxima autoridad del Estado para estos propósitos y, por lo tanto, fue remitido al sistema penitenciario nacional, donde continúa siendo interrogado”, detalló.
Según el informe, la PGR procedió a convocar a Arce, quien aparecía como propietario de los bienes en cuestión y le instruyó sobre su deber de responder a la indagación patrimonial de la procuraduría.
En ese sentido, la PGR señaló que Arce se limitó a argumentar que todo le pertenecía, por lo cual no tenía ninguna obligación de responder a la procuraduría general o a sus investigaciones.
“Ante su negativa, el señor Ballardo Arce es convocado nuevamente por esta autoridad a presentar la documentación requerida y responder satisfactoriamente las preguntas que, cumpliendo con su deber constitucional la PGR realiza, respuestas que deben estar acompañadas por la documentación respectiva”, subrayó el texto.
Argumentó que hasta la fecha Arce no ha consentido en presentarse como corresponde, desconociendo la autoridad constitucional de las instituciones del Estado nicaragüense.
“Le recordamos que es deber de todo ciudadano respetar la Constitución y las instituciones establecidas para velar por los derechos, deberes y bienes de Nicaragua. Incumplir o irrespetar estas obligaciones ciudadanas, constituyen delitos graves que ameritan procesos”, concluyó el comunicado.
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