Por eso mismo motivo también pedirá enjuiciar políticamente al exministro Antonio Gonçalves, que fue predecesor de Manzano.

Según declaró González, los informes de la Contraloría General del Estado, revelan serias irregularidades en los proyectos adjudicados a la empresa Progen, incluyendo incumplimientos contractuales y posibles responsabilidades administrativas.

En particular, se mencionan los proyectos para la instalación de 150 megawatts en las centrales Quevedo y El Salitral, donde Progen incumplió con los plazos establecidos, lo que resultó en multas de aproximadamente 900 mil dólares.

Además, el legislador señaló que el pedido de juicio político se apoya en la negativa de la ministra Manzano a comparecer ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento).

A pesar de haber sido convocada en varias ocasiones, la funcionaria se negó a asistir en al menos cuatro oportunidades, lo que, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, constituye una causal para el juicio político.

El caso abre un debate sobre la gestión de la ministra Manzano en el sector energético, aunque el organismo parlamentario está controlado por el oficialismo.

Paralelamente, la Fiscalía General de Ecuador investiga, como parte del denominado caso Apagón, las irregularidades detectadas en contratos de proyectos de generación eléctrica.

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