El pleno dio luz verde a la polémica pieza con 159 votos a favor y cuatro en contra en una sesión extraordinaria.

Una comisión especial tuvo a su cargo la preparación de un informe leído en el hemiciclo sobre los acuerdos adoptados en reuniones con la Procuraduría General de la República, la Defensoría Pública y la Policía Nacional, mientras fueron escuchados los planteamientos de los diputados en una extensa jornada que se extendió hasta la madrugada de este jueves.

El pleno de la Cámara de Diputados, luego de escuchar a los diputados de las diferentes bancadas, sometió más de 64 modificaciones realizadas al proyecto de ley, de las cuales 42 fueron aprobadas y las demás retiradas.

Decenas de organizaciones sociales agrupadas en la “Iniciativa Ciudadana por Un Mejor Código”, alertaron en días recientes sobre los peligros del proyecto de Código Penal propuesto por la comisión bicameral del Congreso Nacional.

Además de excluir las tres causas para la práctica del aborto sin consecuencias penales, alertaron que la pieza contempla de dos a tres años de prisión en caso de interrupción del embarazo, y adiciona otros elementos que agravan los derechos humanos.

Coincidieron en que uno de los aspectos más delicados es que deja fuera de responsabilidad penal al Estado, a los Ayuntamientos y a los partidos políticos, lo que “significa darle carta blanca a la corrupción y a los abusos desde el poder”.

El nuevo Código adiciona nuevos tipos penales como el terrorismo, el genocidio, la tortura, el “bullying”, la explotación sexual de menores y adolescentes, ciberdelitos, la desaparición forzada de personas y el robo de identidad.

Sin embargo, también reduce penas y desoye reclamos de siempre como las tres causales para el aborto, un tema que a lo largo de los años genera controversia en la sociedad dominicana.

El martes pasado el Ministerio dominicano de la Mujer reiteró su rechazo al proyecto de reforma al Código Penal por considerar que representa un retroceso en la protección de los derechos humanos, en particular de mujeres, niñas y adolescentes.

Alertó que la pieza aprobada en el Senado demuestra que se ignoraron las recomendaciones técnicas basadas en evidencias científicas planteadas por el Ministerio con el fin de garantizar una legislación penal justa e inclusiva.

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