El reservorio de agua dulce, una inversión de mil 600 millones de dólares, es la apuesta del Gobierno para garantizar las operaciones de la importante vía y el abastecimiento del líquido a la población, sobre todo ante el impacto de la sequía.

La demanda de los labriegos de esa zona apunta a violaciones constitucionales, incluyendo el desacato a tratados internacionales de derechos humanos y ambientales de los que es signatario Panamá, además de la falta de consulta previa a las comunidades.

Al respecto, la Coordinadora Campesina por la Vida (CCV), agrupación que lidera las manifestaciones, instó a que se abra un proceso de diálogo.

Según dijo a la prensa Dina Benítez, presidenta de la CCV, los campesinos viven en zozobra por esa ley, porque, al ser desalojados, en realidad se les priva del derecho a vivir en paz y producir la tierra.

Estudios preliminares de las mismas autoridades del canal indican que al menos dos mil 500 personas se verán afectadas con los desplazamientos.

En febrero pasado, Benítez denunció que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) difundió información falsa sobre la presunta aceptación del proyecto entre las poblaciones ribereñas, las que rechazan la explotación hídrica de ese embalse, debido a serias implicaciones socioeconómicas, políticas, jurídicas y ambientales.

Benítez recordó que desde 1999 los campesinos libran una lucha en defensa de sus tierras, en contra de la Junta Directiva de la ACP, que apuesta por el uso alternativo del río Indio para mejorar las reservas de agua dulce de la vía interoceánica para sus operaciones.

El río Indio, cuyo caudal se reduce en la estación seca, es vital para las actividades agrícolas y pecuarias de unas 12 mil 415 personas que habitan en sus riberas y se resisten al plan de desarraigo previsto por tecnócratas de la ACP, agregó.

La dirigente precisó que la ACP realizó censos cuestionables e intimidatorios que no reflejan la voluntad del pueblo.

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