Con un plantón en las afueras de la Corte Constitucional, los representantes de varias organizaciones pidieron la suspensión de la normativa, al menos de forma provisional.

El abogado Damián Armijos, representante jurídico de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador (Conasep), señaló que la reciente decisión del Gobierno de despedir a cinco mil funcionarios demuestra que la norma impugnada ya causa efectos.

“Se corre el riesgo de que por los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se llegue a los 75 mil despidos”, alertó.

Por su parte, Remigio Hurtado, presidente de la Conasep, rechazó las acusaciones de que los funcionarios despedidos sean ineficientes, corruptos o delincuentes. También denunció que a pesar de la promesa gubernamental de no sacar médicos y docentes, sí hubo desvinculados de esos sectores.

El representante en Ecuador de la Internacional de Servicios Públicos , Wilson Álvarez, recordó que el actual mandatario prometió en campaña generar empleo y está haciendo todo lo contrario al recibir órdenes del FMI.

El presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Edwin Bedoya, que estuvo presente este jueves en la manifestación, reiteró el llamado a una movilización el próximo 7 de agosto contra la Ley de Integridad Pública, normativa que acumula más de una docena de demandas.

“Nosotros defendemos nuestros derechos en base a la Constitución”, afirmó Bedoya, que destacó cómo en el actual contexto se han unido trabajadores públicos y privados para luchar contra retrocesos.

Además, anunció que del 18 al 20 de agosto, recibirán a una Comisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ecuador a la que presentarán quejas por la vulneración de derechos laborales.

Para esta tarde se espera una marcha en Quito contra el reciente paquete de medidas de Noboa, que además de despedir funcionarios, decidió reducir los ministerios de 20 a 14 y las secretarías de nueve a tres.

La concentración comenzará en el Ministerio de la Mujer, una de las carteras eliminadas, y luego avanzarán hacia el Ministerio del Ambiente, ahora fusionado con Energía y Minas.

Posteriormente, se dirigirán a la embajada de Israel, como un acto simbólico de repudio a la política exterior del gobierno ecuatoriano, y finalmente llegarán al Ministerio de Cultura, en rechazo a su unión con el de Educación.

Todo este movimiento popular exige derogar las reformas, el respeto a los derechos sociales, laborales, ambientales y culturales, aunque el Ejecutivo asegura que implementa un “plan de eficiencia administrativa”.

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