Así lo expresó el asesor de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Ricardo Gil, quien advirtió que si Uruguay fuera evaluado hoy por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), probablemente ingresaría a la llamada “lista gris”.

Resulta una clasificación que incluye a países con deficiencias estratégicas en la prevención del lavado de dinero.

Según el funcionario, en la última evaluación de 2019, Uruguay ya había quedado «al borde» de ese listado.

Remarcó que el ingreso a esa lista podría tener consecuencias negativas para la economía nacional, al generar desconfianza en los mercados internacionales y aumentar los controles sobre las transacciones con entidades uruguayas.

Gil señaló ante el Parlamento la necesidad de fortalecer las capacidades de investigación y supervisión, y de actualizar el marco normativo, para garantizar que el país mantenga su compromiso con los estándares internacionales de transparencia y prevención del delito económico.

El funcionario fue presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

Ahora acompañó en el Legislativo al prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, para explicar la creación del Sistema Integrado de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico y de un proyecto de ley con cambios a la norma vigente en prevención del lavado de activos.

Gil comentó que en Uruguay las condenas por lavado de activos “son poquísimas”.

Opinó que los resultados se miden en condenas, bienes decomisados y en organizaciones desarticuladas.

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