Este expediente fue activado por una denuncia que reveló un intento de manipulación judicial con el objetivo de forzar la destitución de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fanny Coaquira y habilitar en su lugar al suplente, Iván Campero.

De esa forma se pretendía tomar el control del Órgano Judicial, según los denunciantes.

Sorpresivamente, el sábado último la justicia determinó esa medida para Siles, quien debe pagar una fianza de 50 mil bolivianos (más de siete mil dólares), cumplir el arraigo y presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público del país.

Al referirse al tema, el senador afín a Evo Morales Leonardo Loza criticó el trato desigual que, según expresó, reciben los dirigentes sociales.

«Al que protesta o denuncia lo meten a la cárcel y lo encierran por meses y años, pero a grandes corruptos del Gobierno, como Siles, les dan un privilegio», lamentó en referencia al extitular imputado por una grabación.

Siles cayó en desgracia cuando fue filtrado un audio en el cual presuntamente se le escucha coordinar por vía telefónica con el juez del municipio paceño de Coroico Fernando Lea Plaza un fallo contra Coaquira y a favor de su suplente, Campero.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, esta acción contó con la participación de otras autoridades judiciales como la vocal Claudia Castro y el ahora expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (TDJ) Yván Córdova.

La onda expansiva movilizó a la Unidad de Transparencia del TSJ, que denunció se trató de una operación «estructurada» desde un consorcio judicial con respaldo político.

Eso derivó en la intervención directa del TSJ y la solicitud de investigación penal.

Otro legislador, el diputado de la opositora Comunidad Ciudadana Alejandro Reyes calificó de «vergonzosa» la decisión judicial de otorgar arresto domiciliario sin custodio policial a Siles.

«Es una invitación a escaparse (…)», advirtió. Reyes señaló que todas estas irregularidades deberán ser investigadas por el próximo gobierno y sancionadas conforme a la ley.

Según la investigación del caso Consorcio, una red integrada por jueces, funcionarios judiciales y abogados había coordinado decisiones jurisdiccionales al margen de la ley para favorecer intereses políticos y personales, y tomar el control del Órgano Judicial.

Hasta el momento, suman ocho las personas implicadas en este proceso, de los que siete ya fueron identificadas y cumplen distintas medidas cautelares, mientras una permanece prófuga y tiene orden de búsqueda y captura.

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