La institución judicial informó que la medida es preventiva y se enmarca en el proceso de análisis de las acciones presentadas contra las disposiciones impulsadas por el Gobierno de Daniel Noboa y aprobadas por la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por el oficialismo.

“Se trata de actuaciones técnicas y jurídicas, que precautelan el cumplimiento y la supremacía de la Constitución de la República del Ecuador, sin que constituyan aún pronunciamiento de fondo sobre los procesos en conocimiento”, precisó la Corte en un comunicado.

Organizaciones feministas, ambientales, indígenas, artistas, trabajadores y diversos sectores sociales salieron a las calles en los últimos días contra esas normativas y otras medidas del Ejecutivo, como la fusión de ministerios y el despido de funcionarios públicos.

Las tres leyes, bajo la mira de la Corte, han generado controversia por sus implicaciones en derechos laborales, libertades civiles y otras cuestiones.

La de Solidaridad Nacional, por ejemplo, permitiría allanamientos sin orden judicial, lo cual, según grupos de derechos humanos, representa una grave amenaza a las garantías constitucionales.

En tanto, la de Integridad Pública, que es la más impugnada de todas, es cuestionada debido a que serviría como herramienta de “regresión de derechos”, usada para justificar despidos sin garantías de debido proceso, argumentan los sindicatos.

Por su parte, la de Inteligencia posibilitaría a los servicios de inteligencia del Estado solicitar información a operadoras telefónicas sin orden judicial, la única condición es que la solicitud esté justificada y se maneje como información secreta.

El pronunciamiento de la Corte llega luego que en los últimos días se intensificaran acusaciones a esa institución; pero, en respuesta, juristas y representantes de organizaciones sociales defendieron la autonomía del organismo y rechazaron la campaña de desprestigio para socavar su independencia.

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