Zambelli, quien se encuentra fuera del país desde el inicio de las investigaciones contra aliados de Bolsonaro por tentativa golpista, fue localizada y arrestada a finales de julio por las autoridades italianas tras una solicitud de cooperación internacional.
Su detención fue cumplida por la policía del país europeo, pero la federal (PF) de Brasil será responsable del proceso de extradición.
Por unanimidad, la primera sala condenó en junio a la partidaria de Bolsonaro a 10 años de prisión, por piratería informática del Consejo Nacional de Justicia, inicialmente en régimen cerrado, pérdida del mandato parlamentario (que será declarado por la Cámara de Diputados tras la sentencia definitiva) e inhabilitación.
La acusación precisa que Zambelli contrató los servicios de un pirata informático y le prometió trabajo.
El Ministerio Público Federal cita un informe de la PF, el cual confirmó que el hacker «trabajaba para la imputada (Zambelli), y cabe destacar que tenía acceso a información a sitios web y servidores asociados a la parlamentaria».
La querella alega que el pago fue oculto, es decir, escondido, en un intento de encubrir la relación, y realizado a través de un tercero: un empleado de la oficina de Zambelli, el cual no fue acusado en el caso.
También la diputada y el intruso digital deberán pagar una indemnización de dos millones de reales (unos 345 mil dólares) por daños morales y colectivos.
Luego de su retorno, diputados y senadores votaran, asimismo, sobre la exención del Impuesto sobre la Renta para quienes ganen unos 900 dólares, el tributo de las apuestas y los valores de inversión exentos de gravámenes, entre otros.
De igual forma, se espera que este semestre sea destacado el sufragio de la Ley de Directrices Presupuestarias para 2026, que define las prioridades para el presupuesto del próximo año y que, según la Constitución, debió ser enviada para su sanción en julio.
Se pretende que la llamada Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) sobre Seguridad Pública, sugerida por el Poder Ejecutivo, mantenga ocupados a los parlamentarios.
Aprobada por la Comisión de Constitución y Justicia, la PEC está a la espera de la instalación de la Comisión Especial.
Otras prioridades incluyen el proyecto de ley para la regulación de la Inteligencia Artificial, actualmente en trámite en la Cámara baja y la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación sobre el fraude al Instituto Nacional de Seguridad Social, ya autorizada por el timonel del Senado, Davi Alcolumbre.
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