«Las políticas de santuarios obstaculizan la aplicación de la ley y ponen en riesgo a los ciudadanos estadounidenses por diseño», declaró la fiscal General Pam Bondi en un comunicado.
El DOJ “continuará litigando contra las jurisdicciones santuario y colaborará estrechamente con el Departamento de Seguridad Nacional para erradicar estas políticas perjudiciales en todo el país», subrayó la funcionaria, pieza clave de Trump para el cumplimiento de su agresiva agenda migratoria.
La lista del Departamento incluyó a 12 estados: California, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Minnesota, Nevada, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington, así como al Distrito de Columbia.
También a los condados de Baltimore (Maryland), Cook (Illinois), San Diego (California) y San Francisco (California), además de 18 ciudades desde Seattle hasta Filadelfia.
El pasado mes de abril, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que ordenaba al DOJ publicar una lista de estados y jurisdicciones locales que obstruyen la aplicación de las leyes federales de inmigración, conocidas como «jurisdicciones santuario».
La orden instruía al departamento «ejercer todos los recursos legales y medidas de cumplimiento necesarios para poner fin a estas violaciones y lograr que dichas jurisdicciones cumplan con las leyes de Estados Unidos».
El DOJ emprendió ya acciones legales contra varias jurisdicciones santuario en los últimos meses, demandando a la ciudad de Nueva York en julio para impugnar sus leyes de ciudades santuario.
Los republicanos en el Congreso también abordaron este asunto en acaloradas audiencias de comités este año, cuestionando a alcaldes y gobernadores demócratas sobre las políticas de sus jurisdicciones.
Las «jurisdicciones santuario» se refieren a ciudades, condados o estados que han implementado políticas para limitar la cooperación de sus autoridades locales con las agencias federales de inmigración, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Tales políticas varían, pero en general restringen la colaboración con ICE en la detención y deportación de inmigrantes indocumentados, no cumplir con ciertas órdenes de detención, y proteger la información sobre el estatus migratorio de las personas.
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