La controversia respecto al asunto se debe, entre otras razones, a que un día antes de que Noboa presentara las preguntas para realizar un proceso consultivo, el organismo judicial suspendió provisionalmente varios artículos de leyes de reciente promulgación impulsadas por el Ejecutivo.

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, negó este miércoles que incluir esa interrogante sea una retaliación contra la Corte Constitucional.

“De ninguna manera”, respondió la funcionaria durante una entrevista para el canal Ecuavisa.

No obstante, Rovira reiteró sus críticas al organismo por “darle la espalda a la ciudadanía, a la policía, a los militares” tras suspender la aplicación de artículos de la Ley de Integridad Pública, de Solidaridad Nacional y de Inteligencia.

“Para nosotros, (la Corte Constitucional) no es un enemigo político, pasa a ser un enemigo de la ciudadanía”, señaló la funcionaria.

Diversas voces se han pronunciado contra la propuesta de someter a juicio político a los magistrados constitucionales.

El expresidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, comentó a medios locales que la propuesta de Noboa es un “grave error” porque cómo un juez va a ser objeto de presiones.

Sin embargo, el expresidente Rafael Correa, líder del movimiento Revolución Ciudadana, principal fuerza de oposición, consideró que una Corte Constitucional “intocable responde a democracias más maduras”.

El exmandatario apoya el control político de los jueces, porque “desde que -con el Trujillato- ilegalmente reemplazaron a la Corte, este organismo se ha prestado para cualquier cosa”.

Noboa anunció la víspera siete preguntas, que abarcan desde eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), hasta reducir el número de asambleístas, acabar con el financiamiento público de partidos, permitir la contratación laboral por horas, autorizar casinos, y establecer bases militares extranjeras.

Para avanzar en el proceso consultivo la Corte Constitucional tiene que revisar las preguntas y emitir un pronunciamiento sobre la vía adecuada para tramitar cada una de ellas, es decir, si se trata de enmienda o reforma parcial a la Carta Magna.

En ese último caso, posiblemente no alcance el tiempo para realizar la consulta popular en diciembre de 2025, como pretende el gobernante, porque previamente debería ser tramitada por la Asamblea Nacional en comisiones y dos debates en plenario (Parlamento).

jha/avr