Aunque organizaciones sociales, juristas y organismos internacionales advierten sobre las amenazas a la institución, el gobernante alentó a los ciudadanos a marchar en Quito, de forma pacífica, como respuesta a las decisiones del organismo judicial.

Noboa hizo el anuncio este miércoles durante un evento en el municipio Daule, provincia de Guayas.

“Ese día, yo marcharé con la gente y marcharemos hacia la Corte Constitucional para hacer sentir el verdadero poder del pueblo”, adelantó Noboa, que rechazó que los magistrados, “nueve personas entronadas” le tiren abajo leyes “que les pueden dar seguridad a cada uno de ustedes”.

Más temprano, la ministra de Gobierno Zaid Rovira, calificó a la Corte como “enemiga de la ciudadanía” y señaló que el país vive una “situación excepcional” que requiere “respuestas excepcionales”, incluso si eso significa flexibilizar la interpretación de la Constitución.

Tanto Noboa como la ministra defendieron la realización de una consulta popular y referendo que incluiría entre sus preguntas la posibilidad de realizar juicios políticos a los integrantes del órgano de control constitucional.

Las tensiones entre el Gobierno y la Corte surgieron luego de que el pasado lunes, el organismo aceptó tramitar varias demandas contras las leyes promovidas por Noboa y aprobadas en la Asamblea Nacional (Parlamento): la Ley de Inteligencia, la de Integridad Pública y la de Solidaridad Nacional.

Además, el tribunal suspendió provisionalmente 17 artículos de esas normativas.

Esta situación provocó advertencias desde diferentes sectores, incluso la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió que la Corte “ha sido amenazada por otros poderes del Estado”.

“Según el derecho internacional y los estándares de derechos humanos, los jueces deben estar libres de presiones políticas o represalias.”, argumentó la experta, para quien la independencia judicial no es opcional, sino la base de la democracia.

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