Los dirigentes gremiales anunciaron que mañana, jueves 7 de agosto, se concentrarán en las afueras de la sede del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y de ahí marcharán hasta la Corte Constitucional, que deberá emitir pronunciamientos definitivos sobre varias normativas.

Este lunes la Corte decidió suspender de forma temporal la aplicación de 17 artículos de la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Inteligencia y la Ley de Integridad Pública, disposiciones que acumulan una serie de demandas, algunas de ellas presentadas por las organizaciones que ahora saldrán a las calles.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) señaló que si bien el pronunciamiento de la Corte no constituye un juicio anticipado es “un avance inicial en el camino de la defensa de los derechos y la Constitución”.

Además de esas leyes, aprobadas por la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional (Parlamento), diversos sectores se oponen al plan de eficiencia administrativa anunciado por el Ejecutivo, que incluye la reestructuración institucional y la desvinculación de servidores.

El abogado Damián Armijos, representante jurídico de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador (Conasep), señaló que la reciente decisión del Gobierno de despedir a cinco mil funcionarios demuestra que la Ley de Seguridad Pública ya causa efectos.

“Se corre el riesgo de que por los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se llegue a los 75 mil despidos”, alertó.

A su vez, la movilización tendrá lugar luego de que el presidente Noboa anunciara las preguntas propuestas para una consulta popular, entre ellas la posibilidad de instaurar el trabajo por horas en el sector del turismo, un tema ya rechazado en otro proceso consultivo en 2024.

En la preparación de la manifestación participan unas 15 organizaciones, entre ellas el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la UNE, la Federación Médica Ecuatorianay el Frente Popular.

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