El Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) refirió que esos acreedores poseen el 60 por de la deuda de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), pues la acción del mandatario estadounidense va dirigida a privilegiar a ese grupo, que reclama el pago de 12 mil millones de dólares, y cuyo poder de cabildeo es significativo.
“No es que la JSF haya ejercido en los pasados nueve años un papel neutral en el manejo de la deuda del gobierno de Puerto Rico y de sus corporaciones públicas”, aclaró la Dirección Nacional del MINH.
Precisó que la Ley Promesa, que creó la Junta, fue considerada como muy beneficiosa para los bonistas y así lo manifestó el vicepresidente de Moodys International, al día siguiente de la aprobación por el Congreso de Estados Unidos, el 30 de junio de 2016.
La organización de izquierda estableció en declaraciones a Prensa Latina que el récord de la Junta ha sido claramente favorable a los acreedores y muy perjudicial para nuestro pueblo, ya que “de entrada, no quisieron auditar la deuda, algo básico y esencial”.
“¿A quiénes beneficiaba omitir la auditoría? Luego diseñaron y pidieron la aprobación en el tribunal federal de planes de ajuste de la deuda que hoy representan una soga al cuello al presupuesto del gobierno puertorriqueño por los próximos 35 a 40 años que, además, implican aumentos en los servicios básicos y esenciales por las próximas décadas”, subrayó el MINH.
Consideró que es claro en el caso de la deuda de la AEE, la movida de Trump busca favorecer a GoldenTree Asset, Blackrock Financial y Nuveen Asset, bonistas buitres que junto a otros poseen el 60 por ciento de la deuda de esa corporación pública, según la investigación publicada por la Comisión Ciudadana por la Auditoría Integral del Crédito Público.
Indicó que, para colmo, en sus planes fiscales, la propia junta fiscal reconoce que la economía de Puerto Rico no mejorará y sus tasas de crecimiento serán raquíticas o negativas en los próximos años.
“Mientras, y no menos alarmante, la Junta ha sido una gran piñata para contratistas, bufetes y empresas de consultoría que han recibido más de 2 mil millones de dólares en contratos de asesoría de cuestionable validez”, alertó el MINH al apuntar que, desde su imposición en 2016, el organismo ha sido campo de batalla entre bonistas buitres, principalmente.
Por eso, “se pelean como aves de rapiña por quien se lleva el pedazo más grande, a costa del empobrecimiento de nuestro país, para quien la Junta no ha sido defensa, sino cómplice del saqueo”.
Estos fondos buitres compraron los bonos de la AEE en 2018, muy por debajo de su valor original, cuando ya la AEE estaba en quiebra.
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