En la habitual conferencia de prensa semanal y a preguntas de los comunicadores sobre la conveniencia del partido oficialista Realizando Metas de encabezar el grupo de trabajo de Credenciales, el jefe de Estado, visiblemente molesto, justificó que la presencia de Fábrega se debe a que es su enlace para trabajar con el Legislativo, órgano político con el que “necesita tener coordinación”, precisó.

Mulino aclaró que Fábrega no estaba en el Palacio Justo Arosemena para buscar votos “porque ese no es nuestro trabajo”, al tiempo que enfatizó que no era ningún pecado interesarse por el desarrollo de la configuración de las 15 comisiones de trabajo.

El lunes último 37 diputados de las bancadas que respaldaron la candidatura de Jorge Herrera, del partido Panameñista, como titular de la AN, denunciaron la presencia de Fábrega en el pleno.

Para Mulino, la labor de ese asesor es movilizar los proyectos de ley que le interesan al Gobierno, según explicó.

De otra parte, desacreditó al Pacto de Estado por la Justicia para designar a dos magistrados que se sumarán a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desde enero de 2026 .

En diciembre próximo terminan los periodos de los magistrados Cecilio Cedalise y Ángela Russo, por lo que deben escogerse sus reemplazos. Los nuevos magistrados están llamados a presidir la Sala Civil y la Contencioso Administrativa del Supremo.

Según Mulino, ambas candidaturas serán presentadas ante la Comisión de Credenciales de la AN, donde los diputados tendrán la oportunidad de escrutarlos para conocer sus obras, su experiencia y opinión sobre el nuevo Código Procesal Civil y a las modificaciones que se buscan implementar en el Código Penal

“El Pacto de Estado por la Justicia nació muerto y allí se va a quedar”, dijo en referencia a ese órgano creado durante la administración de Martin Torrijos (2004-2009), cuyo objetivo era promover reformas integrales en el sistema de justicia panameño para mejorar su eficiencia, transparencia y acceso.

La pasada semana, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo de Panamá de Transparencia Internacional, cuestionó a Mulino por su decisión de no convocar el Pacto de Estado por la Justicia para seleccionar a dos magistrados de la CSJ.

Ese gremio recordó que “si bien esa decisión” de Mulino es “legal” el mandatario omite dos realidades fundamentales: primero, el profundo contexto de desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas, reflejado en encuestas; y segundo, el valor simbólico e histórico del Pacto de Estado por la Justicia.

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