La también llamada Sala IV exigió al gobernante una respuesta detallada respecto a la designación del funcionario, pese a que este último está involucrado en el llamado caso Azteca, por presuntos delitos de narcotráfico, enriquecimiento ilícito, legitimación de capitales y tráfico de influencias, añadió Teletica.com.

El cuestionamiento original partió del diputado del Frente Amplio Antonio Ortega, quien solicitó al presidente Chaves una explicación sobre el nombramiento, y el mandatario respondió de forma escueta.

Los magistrados de la Corte Constitucional determinaron que el gobernante violentó así los derechos fundamentales de Ortega y de su organización, representada ante la Asamblea Legislativa, agregó la Televisora.

Juan Ignacio Rodríguez fue nombrado líder del Instituto de Desarrollo Rural a inicios del 2025, pero renunció al cargo, tras una ola de críticas contra sus presuntos nexos con el narcotráfico.

Según un expediente del Organismo de Investigación Judicial, el controvertido funcionario mantuvo llamadas con líderes de una agrupación criminal desactivada por un operativo alrededor del caso Azteca, sobre lo cual fue investigado, incluso, como uno de los aparentes proveedores de droga de la organización.

El Frente Amplio exigió al gobierno, además, utilizar sus órganos de inteligencia para investigar los perfiles de las personas antes de nombrarlas en los diferentes puestos.

La determinación de la Sala IV confirma –aseguró Teletica.com- que el Gobierno está obligado a responder sobre las decisiones que comprometen a figuras de confianza en instituciones públicas, especialmente cuando hay sospechas de vínculos con redes criminales.

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