El titular del Ministerio Público rechazó las solicitudes de los diputados de la comisión del Congreso que analiza el retiro de ese fuero al mandatario y al ministro de cultura, Jorge Rodríguez, respecto a valorar las pruebas presentadas en la pesquisa, añadió el Semanario Universidad.

Díaz insistió en defender la investigación de su cartera, en la cual se basó la Corte Plena para solicitar al Congreso el levantamiento de la inmunidad de los dos gobernantes y subrayó que “la acusación cuenta con fundamento sólido para solicitar someter al Primer Ciudadano y al ministro a un juicio por concusión”.

El fiscal general –apunta Universidad- fue convocado por los diputados de esa Comisión, que deberá remitir una recomendación al Plenario sobre el asunto, pero advirtió que no podía referirse a los hechos investigados.

Los legisladores –pese a lo anterior- insistieron en que el funcionario indicara los elementos que fundamentaron la solicitud del levantamiento del fuero, ante lo cual Díaz insistió en que no podía hacerlo, y en recordarles que «ustedes tienen acceso al expediente».

El fiscal general aprovechó para ratificar que la investigación era sólida, y que había superado el primer filtro -el aval de la Corte Suprema de Justicia- para dar paso al segundo filtro.

Este último sería la autorización de la Asamblea Legislativa, en caso de que considerara por mayoría calificada -38 de los 57 diputados- que existen elementos para levantar la inmunidad de los miembros de los Supremos Poderes para dar paso a un juicio.

El Congreso aprobó el 30 de agosto la referida comisión especial para analizar el levantamiento de la inmunidad del presidente y del ministro de Cultura, integrada por los diputados Andrea Álvarez, del Frente de Liberación Nacional; Rocío Alfaro, del Frente Amplio; y Daniel Vargas, por el oficialismo.

El trabajo de la Comisión sobre el levantamiento de la inmunidad a Chaves y a Rodríguez, solicitado por la Corte Plena ante una acusación Penal de la Fiscalía, será trasladado al Congreso mediante un informe que recomendará el pedido o lo rechazará.

La entidad de la Asamblea Legislativa dispondría de 20 días hábiles, prorrogables por una única vez por un plazo idéntico, para presentar ante el Plenario el documento sobre el citado proceso contra el presidente y el ministro, investigados por el presunto delito de concusión en perjuicio de la función pública.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, reunidos en Corte Plena, aprobaron el 1 de julio trasladar al Congreso la denuncia fiscal, que emplaza a ambos por el citado delito de concusión, tipificado en el artículo 355 del Código Penal y sancionado con penas de entre dos y ocho años de prisión.

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