Según afirmaron ambas organizaciones ecuatorianas en un comunicado conjunto, la medida “pone en jaque la ya crítica situación operativa de la empresa” y abre la puerta a la privatización.

Calificaron como “un engaño” el argumento oficial de que la decisión permitirá un ahorro de 31 millones de dólares, equivalente al 0,7 por ciento del presupuesto.

Para los trabajadores de la compañía el despido de 936 empleados afectará “la producción de crudo y derivados, así como su exportación”.

Detallaron que los despidos impactan áreas críticas como transporte y comercialización, perforación y geología.

En los terminales marítimos, por ejemplo, fueron notificados “cuatro de los cinco capitanes de amarre”, responsables de la carga segura de crudo a buques.

En perforación, “la mitad del equipo de ingeniería” fue eliminado, incluyendo personal con amplia experiencia.

“Existe una meta clara de debilitar deliberadamente a Petroecuador, de atacar al movimiento de los trabajadores organizados (…) abriendo el camino para la privatización de los negocios más rentables del Estado”, añadieron.

Los sindicatos exigieron “el cese de los despidos y la reincorporación de los despedidos” y llamaron a fortalecer a Petroecuador “para beneficio de los ecuatorianos, en lugar de su debilitamiento para beneficio de particulares”.

Petroecuador informó la víspera sobre el proceso de depuración de personal considerado como “sobrevalorado” y aseguró que se basaron en un “análisis técnico exhaustivo”.

Según precisó la entidad, son 205 puestos de servidores públicos y 731 contratos indefinidos cuyos salarios presentan distorsiones significativas respecto al valor de sus plazas y funciones.

La estatal indicó que las funciones desempeñadas por el personal desvinculado serán asumidas por otros empleados con perfiles y calificaciones equivalentes.

Estos despidos tienen lugar luego de que a finales de julio el Gobierno anunciara la desvinculación de cinco mil funcionarios públicos de diversas entidades y la reducción de ministerios de 20 a 14.

Si bien el Ejecutivo asevera que esa estrategia forma parte de un plan de eficiencia, organizaciones sociales y políticos de oposición apuntan a que es parte de la receta del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el cual Ecuador tiene vigente un programa crediticio de cinco mil millones de dólares.

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