La ley permitirá la investigación de tales actos y sanciona 13 tipos penales que cometan funcionarios, empleados y servidores públicos con fondos del erario. Habrá un trabajo articulado entre 12 instituciones, indicó una reseña del Diario El salvador.
En junio de 2024, el presidente Nayib Bukele anunció una campaña contra el flagelo en el país, e incluso dijo que si fuera necesario construiría un centro de confinamiento contra los corruptos, similar al que alberga hoy a cerca de 88 mil pandilleros y presuntos colaboradores.
La norma que tiene en cuenta un lema del mandatario, “cuando nadie roba el dinero alcanza”, fue propuesta por el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa lo aprobó el 7 de febrero pasado con los votos de los grupos legislativos de Nuevas Ideas, PCN y PDC; mientras que Arena y Vamos, partidos de oposición, votaron en contra.
La Ley Anticorrupción dispondrá del trabajo de instituciones que incluyen a la Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil, Corte de Cuentas de la República, el Órgano Judicial, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia del Sistema Financiero, entre otras.
El Centro Nacional Anticorrupción será el encargado de ejecutar las acciones de inteligencia relativas a la prevención, investigación y persecución de los delitos de corrupción.
En su lucha, el proceso contempla brindar protección a los denunciantes y testigos con el propósito de evitar las represalias que puedan sufrir como consecuencia de denunciar y atestiguar contra un funcionario por varios los delitos de corrupción.
El artículo 18 determina que los funcionarios y empleados, así como su cónyuge en razón de matrimonio o conviviente por unión no matrimonial e hijos, deben presentar junto con la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta.
Según Nelson Flores, especialista en administración pública, la normativa propuesta por el Ejecutivo busca promover la ética y la transparencia en la gestión pública.
La Ley Anticorrupción va a permitir establecer procedimientos de investigación y una pronta rendición de cuentas a fin de que los funcionarios no utilicen sus cargos para enriquecerse», explicó Flores.
Salvadoreños de a pie dijeron a Prensa latina que aún hoy hay parlamentarios, por ejemplo, que reciben por otras vías ingresos que superan los cinco mil dólares que les están asignados en salarios.
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