De acuerdo con el titular del mayor gremio empresarial privado, Juan Arias, ese tipo de acciones no refuerza la necesidad de poner orden en el sistema judicial panameño.

Arias señaló que el Acuerdo No. 407 “viola el principio de igualdad ante la ley” y se suma a un sistema de jubilaciones especiales que, según el propio ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, representa “una carga insostenible para las finanzas del Estado”.

Además subrayó que, si bien la justicia requiere recursos, estos deben destinarse a fortalecer sus capacidades y a mejorar su eficiencia, imparcialidad y servicio a la ciudadanía, no a otorgar privilegios a un grupo reducido.

El Acuerdo fue acordado por el pleno de la CSJ en el mes de julio de 2024, pero entró en vigor el 1 de enero de este año, sin embargo, fue publicado en Gaceta Oficial apenas este viernes 8 de agosto.

La norma aclara que este beneficio aplica a partir de la fecha en que un juez o magistrado cumpla con los requisitos para la jubilación, y que la institución proveerá los fondos necesarios en su presupuesto para cubrir esta prestación.

Al momento de publicarse este acuerdo en el Órgano Judicial había 519 jueces y magistrados.

Al respecto, el contralor general de la República, Anel Flores, anunció que demandará la resolución sobre el ajuste de retiro que avalaron los magistrados y jueces del Supremo; y señaló que “todos estos tipos de aumentos son inconvenientes”.

El funcionario denunció el llamado ‘juega vivo’ (obtener de forma deshonesta beneficios personales) y falta de transparencia en el polémico acuerdo, al tiempo que recordó que esta decisión de los magistrados debe llegar a la Contraloría para su refrendo.

Por su parte, el expresidente de la República Martín Torrijos (2004-2009) calificó la medida como “inaceptable”, mientras destacados juristas la consideran anticonstitucional.

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