Por Rodrigo Portales, colaborador de Prensa Latina

La norma, llamada “ley anticine” por cineastas, actores, técnicos y actores asistentes al certamen, fue impulsada en abril pasado por el sector más conservador del Parlamento peruano y es conocida por ellos como “ley anticine”.

Señalan que la norma, aprobada en abril, amenaza a la producción nacional, impone restricciones y abre la puerta a la censura, por lo que fue rechazada por el Colectivo por la Cinemateca Nacional del Perú.

Entre los alcances de la ley cuestionada, está la prioridad de convertir al Perú en escenario de rodajes internacionales, sin impulsar la creación cinematográfica local.

Entre los puntos controvertidos está la exigencia de que los cineastas financien previamente el 30 por ciento de sus proyectos —incluidos los realizados en lenguas originarias— para postular a recibir subsidios estatales.

Además, prohíbe financiar proyectos que “atenten contra el Estado de derecho” o “contravengan la defensa nacional, la seguridad o el orden interno”, lo cual, para los cineastas es ambiguo, vulnera derechos constitucionales y da pie a la censura previa.

Otro punto en debate es que la “ley anticine” ignoró observaciones del Gobierno favorables a la preservación del patrimonio audiovisual y la propuesta de crear una Cinemateca Nacional, omisión que, según el citado Colectivo, debilita la memoria cultural y reduce las oportunidades de investigar y difusión del cine peruano.

Rossana Díaz Costa, presidenta de la Asociación de Directoras de Cine y del Audiovisual del Perú, advirtió que la censura que propicia la ley apunta a todo aquello que incomode al poder político.

Sostuvo que el Gobierno impulsa marcos legales similares en otros sectores, como las organizaciones no gubernamentales.

Díaz Costa también cuestionó que el inicio del procedimiento a seguir para autorizar filmaciones esté bajo el control de PromPerú, organismo de promoción turística y comercial en el exterior.

Según la directora, PromPerú, por su naturaleza, priorizará proyectos que mejoren la imagen país y excluirá temas sensibles como desapariciones forzadas o violaciones a los derechos humanos durante el conflicto interno (1980–2000).

Asimismo, alertó que elevar el monto del financiamiento que deben cubrir previamente los productores para acceder a los subsidios afectará especialmente a realizadores de las provincias y la dificultad de conseguir inversión privada podría precarizar las producciones y reducir su calidad.

La cineasta Melina León, directora de la película Canción sin nombre, consideró que la ley es “antidemocrática y propia de una dictadura”, por lo que su gremio seguirá luchando por su nulidad y por preservar un cine peruano libre, crítico y diverso.

Por su parte, la realizadora y gestora cultural de la región surandina de Puno, Yanni Cáceres, planteó que uno de los caminos para revertir los efectos negativos de la ley, cuyo reglamento aún está pendiente, es que los propios cineastas participen activamente en su elaboración para garantizar que el reglamento responda a las necesidades reales del sector.

Otra iniciativa que plantea es impugnar la ley ante el Tribunal Constitucional porque, según Cáceres, vulnera derechos como la libertad de expresión y el acceso del público a películas de memoria histórica y la denuncia social.

También propuso que se abran espacios para incorporar medidas complementarias, como una cuota de pantalla -cupo en la programación de las salas de cine- para las producciones nacionales y políticas de preservación del patrimonio audiovisual.

“Las políticas públicas deben garantizar los derechos culturales de la ciudadanía y no retroceder en su ejercicio”, agregó la cineasta.

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