En enero de 2021 la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos ordenó el apagado de las antorchas en un plazo máximo de 18 meses tras una denuncia hecha por nueve niñas de la región oriental del país.

Sin embargo, en la actualidad persisten las llamas de esas instalaciones y, según Leonela Moncayo, habitante de una de las comunidades indígenas afectadas en la localidad de Lago Agrio, el Ejecutivo sigue entregando permisos para que se coloquen más.

Cuando pusimos la demanda había 447 mecheros, hoy en día existen 486, afirmó Moncayo, que denunció el aumento de los casos de enfermos de cáncer en la zona y ni siquiera existe por allí un hospital oncológico.

El abogado Pablo Fajardo detalló que con la acción de incumplimiento presentada este miércoles buscan que la Corte emita sanciones contra los funcionarios responsables.

“Les exhortamos a que actúen prioritariamente y no permitamos que más gente siga muriendo en la Amazonía por causa de los mecheros”, manifestó.

Investigaciones apuntan que la quema de gas en mecheros es uno de los procesos de la extracción de petróleo que más contribuye a la crisis climática a causa de las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero más potente que el dióxido de carbono (CO2).

La estatal Petroecuador, entidad encargada de apagar las llamas, anunció la eliminación de 145 de las 424 que existían en 2022, y dijo que entre 2024 y 2026 eliminarán otras 93.

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