El espacio busca articular esfuerzos entre el Estado y la comunidad internacional para proteger los derechos de la niñez y adolescencia, optimizando recursos y fortaleciendo capacidades institucionales y comunitarias.

“Proteger a nuestra niñez no se logra solo con normas o operativos, sino reconstruyendo el tejido social, creando entornos seguros y oportunidades reales”, afirmó la vicemandataria ecuatoriana, María José Pinto, que lidera el Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento.

La canciller, Gabriela Sommerfeld, por su parte, destacó que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana co-preside la mesa desde su rectoría en cooperación internacional.

La funcionaria llamó a los socios y cooperantes a “cerrar brechas y brindar respuestas contundentes” frente a riesgos como el crimen organizado y la exclusión social.

En la iniciativa participan organismos como la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Departamento Antinarcóticos de Estados Unidos.

A ellos se suman agencias de Naciones Unidas como Unicef y ONU Mujeres, así como organizaciones no gubernamentales internacionales.

La mesa permitirá alinear la cooperación internacional con la Estrategia Nacional para la Prevención del Reclutamiento, compartir buenas prácticas y coordinar respuestas conjuntas para reducir riesgos y vulnerabilidades en la infancia ecuatoriana.

Ecuador sufre una crisis de seguridad donde los menores están involucrados con el crimen organizado.

Solo este año más de mil 200 adolescentes fueron detenidos por presunta vinculación con bandas criminales y, en 2024, la cifra fue superior a tres mil 500, según datos oficiales divulgados a inicios de mes en la prensa local.

La Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó el 24 de junio pasado la cuestionada Ley Orgánica de Integridad Pública, que elevó de ocho a 15 años la pena máxima para adolescentes implicados en delitos ligados al crimen organizado.

Esa medida generó preocupación por parte de organizaciones como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) que alertó sobre la incorporación de reformas regresivas en el sistema de justicia penal juvenil.

Si bien Unicef acogió con satisfacción la decisión del gobierno del presidente Daniel Noboa de declarar como prioridad nacional la prevención y erradicación del reclutamiento infantil por parte de bandas criminales, advirtió que las recientes reformas legales amenazan los derechos de los menores.

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