El bloque parlamentario del movimiento político de oposición divulgó un pronunciamiento en redes sociales luego de la movilización de este martes encabezada por el gobernante en Quito, donde se colocaron vallas con las fotos de los magistrados del organismo constitucional. “Hostigar a los jueces, exhibir sus rostros, etiquetarlos, exponerlos públicamente, amenazarlos con destitución mediante una mayoría simple en la Asamblea o responsabilizarlos de la crisis nacional, no solo profundiza la confrontación, sino que aleja cualquier solución real”, afirmó la RC.
En el documento, la organización recordó que “el desangre que vive el país es el resultado de las políticas de recorte y debilitamiento de lo público, porque “han abandonado a la ciudadanía a su suerte”.
Para la RC, Noboa durante su periodo al frente del Ejecutivo, desde noviembre de 2023, ha contado con más de una docena de leyes para enfrentar la crisis de seguridad.
Sin embargo, en más de 20 meses de gestión, la violencia persiste y se reporta un alza de muertes violentas, extorsiones, secuestro y otros delitos.
“No es un problema de leyes, ni responsabilidad de la Corte Constitucional, ni de la oposición política. La responsabilidad recae en el gobierno en su conjunto por su incapacidad, su indolencia y su profundo desprecio hacia el pueblo”, puntualizó el grupo parlamentario.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) consideró que la marcha convocada por Noboa este martes fue un acto de amedrentamiento propio de regímenes autoritarios que solamente busca condicionar los fallos y debilitar la justicia.
Las tensiones entre el Ejecutivo ecuatoriano y la Corte Constitucional se recrudecieron desde que el organismo judicial frenó las tres leyes del interés del oficialismo.
Estas suspensiones ocurrieron después de que organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, así como ciudadanos, presentaran más de 30 demandas de inconstitucionalidad contra de las normativas.
“Los verdaderos responsables de esta crisis son el Gobierno, cuyos proyectos de ley son abiertamente inconstitucionales y los asambleístas que los aprueban normas que desconocen principios básicos del Derecho Constitucional”, apuntó la Conaie.
Noboa y otros voceros gubernamentales han atacado a la Corte Constitucional bajo el argumento de que sin esas normativas carecen de herramientas para enfrentar la crisis de seguridad.
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