En una dura reacción al alegado “colapso del caso” contra la exmandataria boricua, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini y el exagente del FBI Mark Rossini, luego de un acuerdo negociado en Washington con el Departamento de Justicia estadounidense, la fiscal federal Myriam Y. Fernández González respondió con dureza a una extensa moción del abogado Luis Plaza Mariota.
“La acusada Vázquez-Garced concluye audazmente afirmando que la moción aclara el expediente para reflejar la verdad, con la falsedad de que la resolución negociada surgió a partir de ‘nuevas pruebas convincentes y exculpatorias descubiertas a través de la investigación de la defensa’; eso simplemente no es cierto», dice la moción de la fiscalía.
Igualmente rechazó que alguno de los fiscales del Distrito de Puerto Rico haya afirmado que la acusación se había “derrumbado” o que ya no fuera “viable”, como se establece en la moción del defensor Plaza Mariota, en su esfuerzo por evitar el inicio del juicio, fijado para el próximo 25 de agosto.
Según Fernández González, las citas atribuidas al personal del gobierno federal y al liderazgo del Departamento de Justicia en la moción de Vázquez-Garced “son completamente fabricadas”, por lo que negó que el caso no se “vino abajo”, como alega el abogado defensor.
“Los Estados Unidos están listos para proceder a juicio, si fuera necesario», advirtió Fernández González en la moción presentada en respuesta a la que sometió la defensa de la exgobernante boricua, quien se exponía junto a los coacusados a hasta 20 años de prisión por un supuesto esquema de soborno para destituir a un regulador bancario en 2020.
Ahora Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini, estos dos últimos radicados en Europa, enfrentan un único cargo por aceptar aportaciones de extranjeros a campañas políticas.
El pasado 8 de julio, la jueza federal Silvia Carreño-Coll emitió una orden en la cual criticó duramente la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de retirar los cargos graves de soborno y fraude contra Vázquez Garced y sus coacusados, para imputarles únicamente un delito menor bajo la Ley Federal de Campañas Electorales.
En esa oportunidad la jueza rechazó una petición para una vista virtual y expresó que “la pena por violar esta sección es un simple tirón de orejas comparado con lo que enfrentaban antes”, pero aclaró que el tribunal no puede intervenir en la discreción fiscal.
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