En un comunicado, la PGJ señaló que dicha cancelación, de manera definitiva y con efecto inmediato, se hizo en el marco de las políticas de transparencia, legalidad y combate frontal a la corrupción que se implementan en esta nación centroamericana.
Según la PGJ, la decisión se fundamenta en las evidencias recabadas por las autoridades de la Policía Nacional y la Procuraduría, las cuales demuestran la vinculación de dicha empresa con un entramado societario.
Un comunicado de la corporación explica que tal entramado contemplaba la utilización de aproximadamente 20 sociedades de papel (Maletín sin activos, ni presencia física significativa), diseñado por los acusados Álvaro Antonio Baltodano Cantarero y Álvaro Antonio Baltodano Monroy, entre otros.
Añadió que lo hacían para lavar dinero proveniente de actividades delictivas de evasión fiscal contra la Hacienda Pública, a través de la referida empresa y otras sociedades que dichos acusados constituyeron en jurisdicciones extranjeras, calificadas como Paraísos Fiscales por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
El documento precisó que el Ministerio de Energía y Minas (MEM), tras previas indagaciones, corroboró que la referida empresa incumplió con su obligación de realizar inversiones para potenciar la máxima operación del recurso geotérmico que permitiera alcanzar un nivel de producción de energía de 37-40 megavatios.
“También se corroboró, que la Empresa Momotombo Power Company; tampoco ejecutó las obras acordadas en el contrato para dicho fin, subrayó el texto de la PGJ.
Asimismo, agregó que las investigaciones policiales y del MEM, revelaron que esta empresa no solo traicionó la confianza del pueblo y el Estado de Nicaragua, sino que se valió de un recurso estratégico de la nación, como plataforma para concretar los propósitos criminales de los hoy acusados.
Al respecto, la PGJ argumentó que lo anterior constituye una afrenta directa al patrimonio nacional, la legalidad y al pueblo de Nicaragua.
“El Estado de la República de Nicaragua reitera su compromiso con la defensa del Patrimonio Nacional, la transparencia en la gestión pública y el fortalecimiento del Estado de Derecho, garantizando que el servicio energético continúe prestándose sin interrupciones y bajo una administración lícita y responsable”.
“No se tolerará que personas corruptas que, valiéndose de estructuras societarias empresariales nacionales o extranjeras, se disfracen de inversión para encubrir delitos; procediéndose en base a lo anterior, a la judicialización de todos sus responsables, sean estos personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras”, manifestó.
El comunicado reiteró que, en Nicaragua, quien utilice el sector energético o cualquier otro recurso del pueblo nicaragüense, para concretar propósitos delictivos, enfrentará todo el peso de la ley.
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