Según información del Bloque de Seguridad, compartida en medios locales, los militares salieron de los centros penitenciarios de Archidona (provincia de Napo), Latacunga (Cotopaxi), Jipijapa (Manabí), Santo Domingo de los Tsáchilas, Quevedo (Los Ríos), El Turi (Azuay), Machala (El Oro) y Loja.

Los uniformados continuarán temporalmente en otras prisiones, entre ellas la Penitenciaría del Litoral, la más grande del país y sede de algunos de los mayores motines carcelarios. “Hemos trabajado junto a las Fuerzas Armadas, y hemos dividido el sistema penitenciario, cinco cárceles del país van a ser manejadas por las Fuerzas Armadas, y ocho por Policía Nacional», declaró este jueves el ministro del Interior, John Reimberg.

En Ecuador, todas los centros de privación de libertad están bajo la supervisión y el control del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI).

No obstante, desde enero de 2024, cuando el presidente, Daniel Noboa, decretó la existencia de un conflicto armado interno, las Fuerzas Armadas ingresaron a las cárceles para tomar el control de la seguridad.

El Gobierno justificó la medida bajo el argumento de que los presos usaban las cárceles como espacios de operación para cometer delitos en las calles y aseguraban que desde esos sitios se dirigían las bandas del crimen organizado.

Sin embargo, la presencia de los militares en las cárceles generó denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos, que reportaron excesos de fuerza contra los reclusos.

A eso se suman las infiltraciones de los grupos criminales en las Fuerzas Armadas, ejemplo de ello son los 19 militares procesados por su implicación en la fuga de Federico Gómez, alias Fede, cabecilla de la pandilla Las Águilas, procesado por narcotráfico y salió de la prisión disfrazado de militar.

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