De esa forma, el mandatario espera el visto bueno de los cuestionamientos por parte del organismo judicial, institución con la cual mantiene desde hace unas semanas un pulso debido a la suspensión parcial de leyes de interés del Ejecutivo.

Entre las preguntas que este jueves Noboa presentó a la Corte está la relacionada con permitir la contratación laboral por horas únicamente para el sector de turismo.

Además, el gobernante propone la reducción del número de asambleístas, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y la posibilidad de que los jueces de la Corte Constitucional sean sujetos a juicio político.

Ahora la entidad de control constitucional, con la que Noboa mantiene tensiones, tiene en sus manos la decisión de admitir o no las cuatro preguntas.

Hace unos días, la propia Corte avaló la interrogante para un referendo sobre la presencia de bases militares extranjeras en el país, luego de un análisis del tema en la Asamblea Nacional (Parlamento).

Otro asunto que el jefe de Estado busca incluir en el proceso consultivo y que ya pasó el análisis previo en la Corte es la posibilidad de eliminar el financiamiento estatal a las organizaciones políticas, una propuesta que está en trámite en el Legislativo.

Por ahora, quedó fuera del paquete enviado a la Corte la pregunta sobre la autorización del funcionamiento de los casinos en hoteles cinco estrellas, un tema que ya Noboa intentó incluir en la consulta popular de 2024, pero luego desistió.

La idea de regresar a las urnas este mismo año ha generado reacciones tanto de respaldo como de rechazo por parte de diversos actores políticos, sociales y académicos.

Desde el oficialismo, las autoridades cerraron filas en apoyo a la propuesta del gobernante, mientras que organizaciones sociales, líderes indígenas y figuras de la oposición han cuestionado la pertinencia y el contenido de la consulta.

El dirigente indígena Leónidas Iza denunció que las preguntas responden a “una retaliación” del Ejecutivo tras los recientes fallos de la Corte Constitucional que suspendió de forma cautelar la aplicación de artículos de tres leyes promovidas por el Gobierno.

Desde la Revolución Ciudadana, el expresidente Rafael Correa (2007-2017) consideró que las preguntas no responden a las verdaderas urgencias del país.

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