El mandatario emitió este viernes seis decretos ejecutivos para implementar la reestructuración gubernamental como parte de su “plan de eficiencia administrativa”.
Un comunicado de la Presidencia señaló que el objetivo es “simplificar el aparato estatal, modernizar procesos en el sector público y garantizar el uso adecuado de los recursos del país”.
El Ejecutivo garantizó que en este proceso la atención a la ciudadanía continuará con normalidad y sin interrupciones.
De acuerdo con las disposiciones, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda se fusionará con el de Transporte y Obras Públicas, mientras que el de Educación absorberá el de Cultura y Patrimonio, el de Deporte y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Asimismo, la cartera de Ambiente pasará a Energía y Minas, la de Turismo se fusionará con Producción, la Secretaría Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil se unirá al Ministerio de Inclusión Económica y Social, y la Secretaría de Inversiones Público-Privada pasará a Transporte y Obras Públicas.
Por otro lado, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se subordinará al de Gobierno.
A eso se suman otras fusiones de secretarías y ajustes en cuanto a la dependencia del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) y el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911, que pasarán a subordinarse al Ministerio del Interior.
Esa reestructuración ha causado críticas por parte de organizaciones sociales, sindicales, activistas ambientales y ciudadanos.
Entre los cambios más cuestionados está la dependencia de los temas ambientales al Ministerio de Energía y Minas, lo cual es considerado una estrategia a favor del extractivismo.
Ricardo Buitrón, del colectivo Acción Ecológica, apuntó que esa unificación revela un “conflicto de intereses y un retroceso en el control ambiental”.
En las últimas semanas, la capital ecuatoriana ha sido espacio de movilizaciones populares contra esas medidas de recorte estatal del Gobierno de Noboa, que según afirman, buscan responder a las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).
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