Según el líder del PT en la Cámara de Diputados, Lindbergh Farias, el parlamentario quebranta el estatuto interno al no informar al timonel de la asamblea, Hugo Motta, sobre la duración de su ausencia de Brasil.

La posibilidad de un impeachment (cesación) del legislador no se está discutiendo en secreto y se espera que Motta y la oficina de Asuntos Internos se abstengan de actuar en su contra para evitar intensificar la inestabilidad en la Cámara baja.

Sin embargo, el mandato del diputado está en riesgo, pues el reglamento prevé la pérdida del cargo por abandono.

Esto ocurre cuando un congresista falta a más de un tercio de las sesiones plenarias sin justificación.

Las ausencias comenzaron a calcularse el 6 de agosto, tras el inicio del semestre legislativo.

Eduardo Bolsonaro obtuvo una licencia parlamentaria de 122 días, otorgada por Motta el 20 de marzo.

Dos jornadas después de ese período fueron por motivos de salud y los 120 días restantes por «atención a asuntos personales».

Estas son dos de las posibilidades de licencia previstas en el reglamento interno de la Cámara baja.

También el estatuto contempla licencias justificadas para misiones diplomáticas o culturales temporales, e incluso cuando el parlamentario sea nombrado ministro de Estado, secretario de Estado o jefe de misión diplomática temporal.

En cuanto a la licencia concedida a Eduardo Bolsonaro, el reglamento de la Cámara baja es claro: el límite es de 120 días y, una vez finalizado el plazo, el congresista deberá reincorporarse al trabajo. De no hacerlo, comenzará a ausentarse. La solicitud del PT presentada ante la oficina de Asuntos Internos de la asamblea contra Eduardo Bolsonaro argumenta que permanece en Estados Unidos sin justificación ni autorización del Congreso Nacional, lo que, según las reglas, constituye abandono.

La organización política critica además que la oficina del congresista haya registrado gastos públicos durante los meses que estuvo de licencia.

El impeachment no es la única acción que el PT considera. También solicita la suspensión inmediata de su mandato y la congelación salarial.

Por otra parte, el partido presentó una denuncia contra el descendiente de Bolsonaro ante la Comisión de Ética por falta de decoro y ante la Fiscalía General por violación de la soberanía.

El diputado habría promovido acciones de presión internacional contra autoridades nacionales, incluyendo pedidos para revocar visas, bloquear bienes y aplicar sanciones económicas a ministros del Supremo Tribunal Federal, así como a miembros de la Policía Federal y del Ministerio Público Federal.

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