Supremo de Brasil retoma juicio contra diputada adepta de Bolsonaro

Brasilia, 15 ago (Prensa Latina) El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil retoma hoy el juicio virtual contra la diputada federal Carla Zambelli, adepta del expresidente Jair Bolsonaro, por posesión ilegal de arma de fuego y privación ilícita de la libertad.

Desde marzo, el caso se encuentra suspendido por una solicitud de revisión del juez Kassio Nunes Marques, quien lo devolvió a deliberación el día 1 de ese mes.

Hasta el momento, el STF cuenta con una mayoría de 6-0 para condenar a la congresista a cinco años y tres meses de prisión semiabierta.

Los jueces que votaron también expresaron su apoyo a la pérdida de su mandato debido a la condena penal.

Zambelli, quien se encuentra fuera del país desde el inicio de las investigaciones contra aliados de Bolsonaro por tentativa golpista, fue localizada y arrestada a finales de julio por las autoridades italianas tras una solicitud de cooperación internacional.

Su detención fue cumplida por la policía italiana, pero la federal (PF) de Brasil será responsable del proceso de extradición.

La legisladora ya había sido objeto de medidas cautelares previas, incluyendo allanamiento y decomiso, así como bloqueo de sus cuentas en redes sociales. Desde entonces, permanecía fuera de territorio nacional.

Por unanimidad, la primera sala del STF condenó en junio a la partidaria de Bolsonaro a 10 años de prisión, inicialmente en régimen cerrado, pérdida del mandato parlamentario (que será declarado por la Cámara de Diputados tras la sentencia definitiva) e inhabilitación.

La acusación precisa que Zambelli contrató los servicios de un pirata informático y le prometió trabajo.

El Ministerio Público Federal cita un informe de la PF que confirmó que el hacker «trabajaba para la imputada (Zambelli), y cabe destacar que tenía acceso a información a sitios web y servidores asociados a la parlamentaria».

La querella alega que el pago fue oculto, es decir, escondido, en un intento de encubrir la relación, y realizado a través de un tercero: un empleado de la oficina de Zambelli, el cual no fue acusado en el caso.

También la diputada y el intruso digital deberán pagar una indemnización de dos millones de reales (unos 345 mil dólares) por daños morales y colectivos.

El Gobierno brasileño insiste en su pedido de extradición de la prófuga legisladora.

ro/ocs

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