“La medida implica una nueva revictimización para los hombres y mujeres de prensa asesinados entre 1980 y 2000”, durante el llamado conflicto interno con grupos armados, precisó la ANP en un comunicado público.

Recordó los casos de los periodistas mártires de Uchuraccay, donde fueron linchados ocho reporteros y su guía, en enero de 1983, y del reportero Jaime Ayala, quien en agosto de 1984 ingresó a la vista de muchos testigos a una base contrainsurgente de la ciudad andina de Huanta y nunca se le volvió a ver.

También el caso de la joven periodista Melissa Alfaro, muerta por un sobre-bomba en la redacción de la revista Cambio, y Hugo Bustíos, asesinado por un grupo militar encabezado por el hoy general en retiro Daniel Urresti, quien cumple una condena de cárcel y es potencial beneficiario de la amnistía.

La ley de amnistía, aprobada por el Parlamento y puesta en vigencia el 13 de agosto por la presidenta Dina Boluarte, es objeto del rechazo de la titular del Poder Judicial, Janet Tello, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y de las organizaciones de derechos humanos, así como políticos y analistas.

La ANP rechazó la nueva legislación que beneficia a militares y policías, así como integrantes de las autidefensas civiles, de más de 70 años, “responsables de probadas violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000”.

“La norma constituye un grave retroceso en materia de derechos humanos y consolida ciclos de impunidad para quienes cometieron crímenes durante aquel periodo”, agrega el comunicado, el cual señala que la amnistía contradice normas de la justicia supranacional a la que se sujeta el Estado peruano.

Reafirma el compromiso de exigir la verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias, frente a “una ley que hiere la memoria de nuestros colegas desaparecidos y asesinados” y tolera crímenes que jamás deben quedar impunes.

La organización exhorta además a los jueces y juezas a ejercer el control de convencionalidad e impedir que condenados o procesados eludan su responsabilidad en violaciones de derechos humanos.

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