De acuerdo con la cartera ministerial, el objetivo de la disposición busca prevenir la contaminación ambiental y proteger la salud pública frente a los riesgos derivados del manejo inadecuado de estos residuos peligrosos.

Las referidas baterías, ampliamente utilizadas en automóviles y motocicletas, contienen plomo y ácido sulfúrico, sustancias altamente tóxicas que pueden generar daños irreversibles en el ambiente y en la salud humana si no se gestionan adecuadamente al final de su vida útil, acotó la comunicación.

Detalló además que la resolución, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, establece obligaciones específicas para productores, comercializadores, usuarios y gestores, además de fortalecer las facultades de las autoridades ambientales en el seguimiento y control de este tipo de residuos peligrosos.

“Esta Resolución representa un hito en la gestión de residuos peligrosos en Colombia. Con ella consolidamos una visión de economía circular, fortalecemos la trazabilidad de las baterías usadas y defendemos la salud de las comunidades vulnerables frente a la contaminación por plomo”, afirmó la ministra encargada, Irene Vélez.

La entidad aseguró que la regulación constituye un avance significativo en la modernización del marco regulatorio ambiental en materia de residuos posconsumo, promueve la economía circular, fomenta la responsabilidad extendida del productor y protege los recursos naturales renovables.

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