En el habitual mensaje de fin de semana, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) cuestionó la falta de avances en el Legislativo, al que acusa de haber perdido más de un mes en discursos, fotos y negociaciones políticas estériles, mientras el país espera respuestas concretas a problemas urgentes.
“Ese tiempo muerto es un lujo que Panamá no puede darse”, advirtió la organización, señalando que, tras la conformación de comisiones y juntas directivas, ha llegado la hora de trabajar en serio.
La Cciap instó a que la Comisión de Presupuesto arranque de inmediato con las vistas correspondientes, subrayando que no se trata de un trámite más, sino de la herramienta clave para garantizar que esa iniciativa presentada por el Gobierno- a saber un monto de 34 mil 901 millones de dólares- se construya con transparencia, rendición de cuentas y prioridades reales.
La organización recordó que existen otros proyectos cruciales en espera, como la revisión de la Ley 468 de intereses preferenciales para facilitar la construcción y el acceso a la vivienda.
También están pendientes los debates de normas sobre la regulación del hospedaje turístico de corta estancia y la discusión de una Ley General Anticorrupción junto con reformas al Código Penal, indispensables para combatir ese flagelo y devolver confianza a las instituciones.
En ese sentido, la Cciap advirtió que no es legislar intentar aprobar amnistías para favorecer a condenados o implicados en casos emblemáticos de corrupción, en alusión, sin mencionarlo, al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), condenado a más de 10 años de cárcel por blanqueo de capitales, pero asilado ahora en Colombia.
Además indicó en referencia a una viejo proyecto del diputado Luis Eduardo Camacho, del partido oficialista Realizando Metas, ahora al frente de la comisión de Gobierno y amigo de Martinelli, de indultar al exmandatario.
En el texto de los empresarios, suscrito por Juan Arias, titular de la Cciap, se demanda además la revisión inmediata del Reglamento Interno de la Asamblea, al considerar que las maniobras políticas y negociaciones para controlar, repartir o bloquear el trabajo legislativo solo paralizan al país.
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