La diligencia, donde la presidencia podrá exponer sus argumentos, quedó postergada para el 27 de agosto próximo de manera telemática, según determinó el juez José Luis Terán.
La Ley de Integridad Pública ha recibido cerca de una veintena de pedidos de impugnación, entre ellas la presentada por Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE).
No obstante, la Corte tratará otras denuncias contra esa disposición, aprobada por la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría oficialista.
A inicios de este mes el órgano de control constitucional suspendió los artículos de la normativa que obligaban a cooperativas de ahorro y crédito a transformarse en sociedades anónimas, bajo supervisión de la Superintendencia de Bancos.
La Ley también es cuestionada por sectores sociales por afectar derechos laborales y la estabilidad del servicio público al exponer a funcionarios a despidos arbitrarios, así como por permitir que adolescentes entre 12 y 18 años sean juzgados como adultos en casos de delitos graves.
La decisión de aplazar la audiencia la solicitó inicialmente el secretario general jurídico de la Presidencia, Stalin Andino, aunque luego se retractó.
El juez Téran insistió en postergar la sesión y mantenerla de forma telemática para que puedan “participar los accionantes de las distintas causas que se acumulen hasta esa fecha”, aunque Andino había pedido que fuera presencial.
La Ley de Integridad es una de las tres disposiciones de interés del Ejecutivo que la Corte Constitucional decidió frenar parcialmente hasta que analice las numerosas demandas en su contra.
El debate no se limita a esta norma, pues otras también están bajo revisión
En el caso de la Ley de Solidaridad Nacional, que acumula cuatro denuncias, el juez constitucional Alí Lozada, convocó a otra audiencia telemática para el próximo lunes 25 de agosto.
Dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores anunciaron plantones ambos días en las afueras de la Corte para ratificar el rechazo a lo impulsado por el Gobierno.
Desde el momento que el organismo judicial decidió suspender algunos artículos de las dos leyes mencionadas, así como la de Inteligencia, el presidente Noboa acusó a los magistrados de impedir al Gobierno avanzar en la lucha contra la inseguridad.
La tensión se profundizó luego de una movilización encabezada por el mandatario contra los jueces constitucionales y también por la propuesta de un referendo con el cual la administración busca habilitar el juicio político de los magistrados.
La relatora especial de la Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Statterthwaite, advirtió que intentos de desacreditar a los jueces podrían socavar la autonomía del tribunal y afectar la capacidad de los magistrados de actuar con independencia.
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