La reacción oficial respondió, sobre todo, a un tiroteo en el bar Howard’s, del distrito de Santa Ana, donde fallecieron tres individuos y dos resultaron heridos por el ataque a tiros de dos motoristas, uno de los cuales murió también a manos de un agente que pasaba de forma casual, según AM Prensa.
Agentes del OIJ señalaron que el ataque en el bar Howard’s iba dirigido solo contra dos de los individuos atacados, por lo que los demás fueron víctimas colaterales, característica frecuente en los actuales ataques de bandas narcotraficantes por venganzas o ajustes de cuenta.
La Fuerza Pública busca aún a los atacantes de los cinco baleados, quienes eran los únicos ocupantes del establecimiento en el momento del hecho, y también a otros dos tiradores que apenas 24 horas después ultimaron a otro individuo e hirieron a tres en la barriada capitalina de Tibás, de acuerdo con Teletica.com.
Autoridades de ese cuerpo y la Policía Municipal de Santa Ana intercambiaron con administradores y dueños de los bares de los distritos donde ocurrieron los hechos y les exigieron medidas urgentes para frenar la violencia armada en dichos locales.
De acuerdo con AM Prensa, la iniciativa forma parte de una respuesta directa del Ministerio de Seguridad Pública, luego que el caso Howard’s revelara la vulnerabilidad de los centros nocturnos frente al crimen organizado.
“Nos reunimos con los propietarios de estos negocios para que implementen medidas de seguridad a la hora del ingreso de personas con armas. De esta forma, buscamos prevenir delitos contra la vida”, declaró la comisionada Marisol Flores, directora regional de la Fuerza Pública en San José Sur.
Las exigencias policiales instruyen a los administradores establecer controles más estrictos, entre ellos la revisión en busca de armas de fuego a la entrada, la colaboración directa con la Fuerza Pública y la Policía Municipal, el uso de cámaras de vigilancia y monitoreo activo, y la capacitación al personal para identificar situaciones de riesgo.
El creciente aumento en el país de los homicidios este año, que rebasaron los 520 en los últimos días, es atribuido por las autoridades al incremento del número y calibre de las armas en poder de personas involucradas en el tráfico de drogas.
Según la expresidenta Laura Chinchilla, Costa Rica pasó en solo 10 años de ser uno de los países más seguros de América Latina para convertirse en el segundo más violento de Centroamérica y en el séptimo más letal de América Latina.
También aumentaron a niveles sin precedentes, las acciones del narcotráfico y el crimen organizado, añadió la exmandataria durante una reciente intervención en la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico del Congreso.
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