El promotor de la medida y vicepresidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, de derecha extrema, admitió que coordina la redacción del proyecto con asociaciones de militares retirados.

“Los militares y policías que defendieron al país y que salvaron al Perú de caer en manos de la dictadura que pretendía imponer Pedro Castillo” están siendo procesados injustamente y sostuvo, incluso, que las muertes de adolescentes están justificadas

Se refirió así a las protestas contra el ascenso de Dina Boluarte a la Presidencia, en diciembre de 2022, tras la destitución y prisión de Pedro Castillo por su intento de disolver el Congreso opositor, que dio su apoyo a la nueva gobernante

El periódico digital Jornada, de la ciudad de Ayacucho, donde fueron abatidos 10 manifestantes, recordó el pasado izquierdista de Rospigliosi y lo comparó con el personaje literario Luis de Soca, judío converso que tendió trampas para delatarlos ante la Inquisición que los ejecutaba.

Desmintió también por falsa, según afirma, que la protesta de los ayacuchanos pretendía reponer a Castillo en la Presidencia, pues, dijo, pedían la renuncia de Boluarte y que se convoque de inmediato a nuevas elecciones generales.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas y Mártires de las Protestas 2022-2023, Raúl Samillán, aseveró que la amnistía a procesados y condenados por crímenes contra los derechos humanos entre 1980 y 2000, aprobada la semana pasada, es un primer paso para amnistiar a las autoridades gubernamentales y uniformados investigados por aquella represión.

La reciente amnistía fue defendida por el ministro de Justicia, Juan Alcántara, quien desdeñó la impugnación a la citada ley presentada al Tribunal Constitucional por la Fiscalía de la Nación.

Alcántara, sin embargo, consideró inviable, por razones procedimentales, la nueva amnistía promovida por Rospigliosi, pues la amnistía solo puede dictarse tras una investigación que no ha terminado en la medida proyectada por Rospigliosi.

Rospigliosi respondió con molestia que los jueces deben limitarse a aplicar la ley, en lugar de fijar el “control difuso” de cada caso, es decir verificar si se ajusta a principios constitucionales y a las convenciones jurídicas de la justicia supranacional.

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