La defensa de Abrego pidió a un juez federal en Nashville que dejara a un lado su acusación formal, bajo el argumento que el Gobierno de Trump solo está procesándolo por presuntos delitos de tráfico de personas porque impugnó su deportación a El Salvador, donde inicialmente estuvo recluido en una megaprisión conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Los representantes legales afirmaron que su cliente fue golpeado en esa prisión antes de ser trasladado a un centro de menor seguridad. “Kilmar Abrego García ha sido señalado por el gobierno de Estados Unidos. Es obvio por qué. Y no se debe a la gravedad de su presunta conducta. Ni a que represente una amenaza única para este país”, escribieron.
En cambio -señaló el documento- “Fue acusado porque se negó a aceptar la violación de su derecho al debido proceso por parte del gobierno”, insistió la defensa.
Dijeron que en lugar de corregir su error y devolver al Abrego a Estados Unidos, el gobierno federal contraatacó en todos los escalones del sistema judicial federal.
Según los magistrados, en todos los niveles, Abrego ganó. “Este caso es el resultado del esfuerzo concertado del gobierno para castigarlo por tener la audacia de contraatacar, en lugar de aceptar una brutal injusticia”, subrayaron.
El expediente detalló lo que consideran una serie de irregularidades en el caso. El encartado fue protegido por un juez de inmigración de la deportación a su natal El Salvador en 2019.
Un abogado del Departamento de Justicia -despedido posteriormente- admitió que la deportación del joven residente en Maryland, se debió a un error administrativo.
Después de meses de batallas legales por parte de su familia para retornarlo, incluidas alegaciones de la administración Trump de que no tenía la facultad de rescatarlo del gobierno salvadoreño, el salvadoreño retornó a Estados Unidos donde enfrenta cargos penales.
Las acusaciones fueron a partir de una parada de tráfico en Tennessee en 2022, durante la cual fue detenido por exceso de velocidad.
El texto apuntó que la administración Trump llegó a acuerdos con quiénes ahora acusan a Abrego de trata de personas, incluyendo a un hombre que no se encontraba legalmente en Estados Unidos y que fue deportado de forma reiterada.
La demanda muestra que funcionarios de la administración Trump buscaban maneras de presentar al encausado como pandillero, incluso cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos tenía dificultades para hacerlo.
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