La legisladora Valentina Centeno, del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional, defendió la iniciativa propuesta por el mandatario, Daniel Noboa, con carácter económico urgente durante el primer debate de la materia en el pleno parlamentario.

“Existen antecedentes de cómo la criminalidad está utilizando organizaciones sociales sin fines de lucro para el lavado de activos, narcotráfico, minería ilegal y redes de corrupción”, afirmó Centeno.

Según la asambleísta, las economías criminales mueven aproximadamente 30 mil millones de dólares anuales en el país y esa ley busca advertir y prevenir que ciertas organizaciones sociales sean utilizadas como instrumentos para la comisión de delitos.

Por su parte, el legislador Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano, coincidió en que se deben cerrar todos los caminos para impedir el lavado de dinero, sin embargo, se refirió a contradicciones entre ese proyecto y la propuesta del Ejecutivo de autorizar el funcionamiento de casinos.

En opinión de Gustavo Mateus, de la Revolución Ciudadana (RC), cuestionó que el proyecto no solo busca regular a las organizaciones sociales y ampliar las facultades de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, sino que también introduce disposiciones tributarias que no guardan relación directa con el objeto de la iniciativa.

El también legislador de la RC, Franklin Samaniego, advirtió que la Ley podría convertirse en un instrumento de presión política, que afecta a organizaciones críticas u opositoras, y alertó sobre posibles impactos en la estabilidad laboral de funcionarios y actores de la sociedad civil.

Luego del debate, el proyecto de Ley de Transparencia Social regresó a la Comisión de Desarrollo Económico para incorporar las observaciones que los miembros de esa mesa consideren pertinentes y luego el texto deberá volver al plenario para una segunda y definitiva votación.

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