Se encargó de hacer el llamado el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad que organiza la movilización del miércoles frente al Congreso, cuando la oposición en la Cámara de Diputados tratará de revocar el freno presidencial a esa asistencia.
Los organizadores denuncian que la ausencia de la norma legislativa provoca la pérdida de pensiones no contributivas, riesgo de interrupción en el acceso al Programa Federal Incluir Salud, limitaciones en rehabilitación, educación, transporte y medicación para personas con discapacidad.
Además, genera la posibilidad de cierre de hogares y residencias para estas personas por falta de recursos.
La convocatoria toma fuerza con el veredicto del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien declaró inconstitucional el veto presidencial a la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad.
El fallo avala el amparo presentado por una familia con dos hijos menores discapacitados y sostuvo que el veto vulnera compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos de la infancia y de las personas con discapacidad.
Además de otorgar el amparo, el juez demolió los argumentos oficiales para abandonar a los más débiles. El dictamen asegura que el veto transgrede obligaciones constitucionales e internacionales y es absurdo decir que no hay dinero cuando el gobierno está facultado para hacer modificaciones presupuestarias.
Citado por el canal de noticias C5N, el sacerdote Pablo Molero, coordinador del Foro, advirtió que “perder las prestaciones no es cambiar de cobertura, es quedarse sin atención porque el Estado no cuenta con dispositivos públicos que reemplacen lo que hoy garantizan las instituciones. No habrá hogares, ni centros donde estar. Las personas y sus familias quedan a la deriva”.
En su dura crítica, el cura alertó igualmente que la situación de trabajadores y profesionales del sector es crítica: “Hay personas que están pidiendo su pensión en situación de pobreza y no se la están dando”.
“Se suspenden y se quitan pensiones. Los trabajadores de talleres protegidos sobreviven con apenas 28 mil pesos mensuales. Por eso les pedimos a los legisladores que rechacen el veto, porque la situación es peor que cuando votaron la ley”, remarcó.
Un temporal se cierne hoy sobre la capital argentina y el conurbano, toda una gran franja de 24 municipios de la Provincia de Buenos Aires que la rodea, empero desde el Foro insistieron en que la convocatoria será sostenida “con lluvia o con sol” y que la presencia ciudadana es clave para que el reclamo “se escuche con más fuerza” en el Congreso.
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